El juicio oral por el asesinato de Omar no tendrá participación del Ministerio Público, es decir que no habrá fiscal en el debate. Esta situación, además de ser prácticamente inédita en debates orales en la justicia bonaerense, vulnera la acusación del Estado contra el policía Diego Walter Flores, que quedará exclusivamente en manos de la querella de la familia de Omar.

Pero además, el hecho se explica por la actuación de la fiscal Ana Medina, titular de la UFI 1 de La Plata, que cometió serias desprolijidades en el expediente, convalidó desde un primer momento la versión policial e intentó cerrar la causa con la teoría de la “legítima defensa”. Toda esta actuación fue validada por el Fiscal General Héctor Vogliolo.

Desde el inicio de la investigación, la integrante del Ministerio Público otorgó total validez al sumario policial armado por los efectivos de la Comisaría 2da y otros agentes actuantes que condicionaron casi todo el resto de la instrucción de la causa. La Dra. Medina pretendió desconocer la enemistad manifiesta que existía entre los oficiales de la Comisaría 2da para con Omar, así como desobedeció por completo la Resolución 1390 de la Suprema Corte bonaerense.

Desde diciembre de 2001 se encuentra vigente la Resolución de la Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires N° 1390, que da instrucciones a los fiscales para actuar en casos de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones. Para ello, ordena “brindar máxima atención y especial importancia a la investigación de:
a) hechos delictivos vinculados con torturas y apremios ilegales
b) delitos económicos que afecten el interés colectivo
c) delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones.”

Nacida tras la reforma policial que intentó una elegante salida de la Mejor Maldita Policía del gobernador Eduardo Duhalde, la norma establece claramente que la investigación de este tipo de hechos deberá “hallarse a cargo del Fiscal titular de la Unidad Funcional que corresponda intervenir, prohibiendo hacer uso de cualquier tipo de delegación en funcionarios policiales”. La prohibición, que incluye toda labor de la investigación penal  (notificaciones, traslado de efectos, diligencias periciales, de constatación, etc.) es fundada en “el hecho de que muchas veces quienes resultan imputados en esta clase de hechos resultan ser los propios funcionarios policiales o de otras fuerzas de seguridad, circunstancia que impone –a fin de garantizar la transparencia de la investigación- evitar cualquier tipo de intervención de integrantes de dichas fuerzas”.

En sentido contrario, la Dra. Medina dejó en manos dela institución policial no sólo las primeras actuaciones, que suelen ser vitales para la causa, sino también todo el resto de la instrucción, lo que pone en serio cuestionamiento toda la actuación conjunta de fiscal y policía.

Pero incluso con tales omisiones de permisividad y habilitación de la posibilidad cierta de manipulación de la escena del crimen, de las pruebas incorporadas a la causa se desprende la clara ausencia de arma de fuego en poder de Omar, ya que ningún testigo, civil o policial, puede afirmar haberla visto. Sólo el imputado, Diego Walter Flores, afirma que Omar tenía un arma y pretende describirla. La obra de manipulación se completó con la actuación del médico policial de la Morgue, Dr. Marcelo Menzulo, quien habiendo estado en la escena del crimen y habiendo sido testigo legal del levantamiento del cuerpo, sólo informó el hallazgo de un arma de fuego por vía telefónica a la fiscal y 4 horas después de su intervención inicial. Y allí, la actuación de la fiscal Medina completa la total desprolijidad: casi 6 horas después de producido el hecho, surge en la causa un acta manuscrita y de autoría desconocida, donde se transcribe un hallazgo de arma, ante lo cual se retira de la Morgue antes de concluir la diligencia y sin firmar el acta, para después designar un perito balístico de la propia policía para analizar el arma.

Luego de este accionar Medina ordenó cerrar la causa y sobreseer a Flores. Luego se apartó del caso y la Fiscalía General no designó reemplazante. Quizás la Dra. Medina quiso desembarazarse de final anunciado de la vida de un joven de la que conocía detalles porque, entre otras cosas, había mandado a allanar su domicilio diez días antes de su asesinato, en una pesquisa al voleo en busca de pastillas de Rivotril, un teléfono celular, una moto negra, ropa y una peligrosa visera blanca con raya oscura al costado.

En verdad los fiscales del fuero penal de La Plata ostentan sobrados antecedentes de planchar las causas o de obrar para encubrir los crímenes cometidos por la policía. Pasó en los casos más resonados como los de Andrés Nuñez, Miguel Bru, Daniel Migone y otros.

En el caso particular de la Dra. Ana Medina, tuvo una dispar actuación en el caso del asesinato de la maestra jardinera Marisol Oyhanart, ocurrido en abril de 2014, y donde precisamente le tocaba investigar a la primer fiscal del caso por encubrir el hecho y a siete policías de las comisarías de Saladillo y Bolívar que habrían cobrado una millonaria coima para borrar las pruebas que vinculaban a un empresario con el asesinato. Esa investigación está paralizada.

Además, Medina realizó las mismas maniobras en la causa por el asesinato de Sebastián Nicora, un joven de 16 años hallado muerto en las playas de Punta Indio el mismo día del asesinato de Omar.

En el expediente, los peritos de La Bonaerense describieron la muerte como producida por un tremendo golpe en el cráneo dado con un objeto contundente y culparon a un amigo del joven. La fiscal siguió esa hipótesis y casi archiva el caso. La madre de Sebastián insistió, y dos años después logró demostrar que recibió un tiro.